Diversos sectores de la comunidad universitaria, organismos de DD. HH y familiares de la víctima solicitaron al rector que Horacio Luis Raya abandone sus funciones en la Facultad de Ingeniería
Numerosos miembros de la comunidad universitaria, organismos de derechos humanos y familiares de Silvia Filler –joven asesinada el 6 de diciembre de 1971 durante una asamblea de estudiantes de la Facultad de Arquitectura- presentaron una denuncia al rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Francisco Morea, mediante la cual se solicita la “intervención” de la máxima autoridad de la casa de altos estudios para expulsar de ese ámbito a “una de las personas acusadas ante la justicia de participar en los hechos que terminaron con el asesinato de Filler”.
La carta, fechada el 29 de septiembre, fue entregada por los denunciantes en mesa de entrada de Rectorado, con copia al Consejo Superior.
Según manifiestan, todo habría comenzado a partir de que la integrantes de la Facultad de Ingeniería la presencia de Horacio Luis Raya como trabajador de la Universidad. En ese mensaje, la mujer expresó su “rechazo” y el de su familia por esta situación. Esto generó un profundo malestar en la comunidad universitaria, a tal punto que se abrió un expediente sobre el tema.
La carta presentada ante la máxima autoridad universitaria expresa: “Hemos tomado conocimiento de que se encuentra trabajando en la Facultad de Ingeniería el Señor Horacio Luis Raya, DNI… quien fuera expulsado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 1972 mediante Resolución de Rectorado N° 3239 en base a las actuaciones del expediente N°2650-2870/72 y que fuera ratificada por Ordenanza de Consejo Superior nº 24 del 8 de marzo de 1973”.
Según consta en el expediente mencionado, Raya “fue una de las personas acusadas ante la justicia de participar en los hechos que terminaron con el asesinato de la estudiante Silvia Filler el 6 de diciembre de 1971 cuando se realizaba una asamblea de alumnos de la Facultad de Arquitectura”.
En la presentación se señala que según declaraciones de Raya, también citadas en la Resolución, “él fue una de la personas que se reunió con los miembros de la CNU (Concertación Nacional Universitaria) para solicitarles su apoyo, cosa que acordaron y que luego concretaron en la acción irrumpiendo en la asamblea y desatando los hechos que terminaron con el homicidio de la alumna, varios heridos y daños en las instalaciones de la universidad, que en ese entonces se denominaba Universidad Provincial de Mar del Plata”. Y sigue “Según se concluye, también en el expediente referenciado, Raya y otros alumnos solicitaron ese apoyo ya que serían acusados en la asamblea convocada por el CeAM (Centro de Arquitectura Marplatense) por haber denunciado ante las autoridades de la universidad provincial a otros compañeros estudiantes de haber participado en el impedimento del desarrollo de una cátedra de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En la asamblea se “valoraría la conducta” de él y otros miembros del CEAU (Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo)”. -
EXPULSIÓN DE LA UNIVERSIDAD
En la carta presentada ante el rector, los denunciantes citaron diversos pasajes de la Resolución de Rectorado mencionada, mediante la cual el Rector Interino de la entonces Universidad Provincial resolvió: “Aplicar la sanción de expulsión de la Universidad Provincial de Mar del Plata, a los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo: Horacio Luis Raya- Matrícula 261/62”.
La sanción fue apelada por Raya y otros alumnos a los que alcanzó la medida, por lo que el Consejo Superior, a través de la Ordenanza Nº 24, del 8 de marzo de 1973, resolvió “No hacer lugar a la apelación interpuesta por Horacio Raya (entre otros) contra la Resolución de Rectorado nº 3239/72, por los propios fundamentos de ésta, y que se dan por reproducidos, confirmándose en su consecuencia, la expulsión de los nombrados de la Universidad Provincial de Mar del Plata.”
Cabe destacar que en dicho documento emitido por Rectorado en 1972 consta una minuciosa investigación sobre las implicancias que se le atribuyen a Raya en el hecho que culminó con el crimen de Silvia Filler. -
DEBATE VÍA E-MAIL
La ingeniera Marta Susana Filler, hermana de Silvia, fue la que dio con el hallazgo. Su indignación la superó y decidió denunciar el tema a través de un correo electrónico enviado a una lista de correos denominada “Todos”, la cual nuclea a gran parte de los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería.
La respuesta del señalado no tardó en llegar. Según consta en la carta de denuncia “Raya envió a la lista “Todos” de la Facultad de Ingeniería, un correo electrónico desde su casilla de mail, titulado “Respuesta a la Ing. Marta Susana Filler”, fechada el 20 de agosto de 2010, en el que manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente:
“Utilizo el mismo medio por el cual usted emitió opiniones sobre lo ocurrido en el pasado, en el que desgraciadamente estuve involucrado... Quiero dejar en claro que:
1) Nunca pertenecí a ninguna agrupación política ni estuve, ni en el pasado ni en el presente, afiliado a Partido Político alguno.
2) No fui uno de los integrantes del grupo que irrumpió el 6 de diciembre de 1971 en el Aula Magna de la Facultad de arquitectura ni estuve en ninguna reunión previa, por el contrario, yo me encontraba en el interior de dicha Aula y no asesiné ni herí a persona alguna, en todo caso fui potencialmente también víctima de la agresión que se consumó ese día por estar en lugar de los hechos en mi calidad de estudiante de Arquitectura y no en ninguna otra”
Los denunciantes señalan que esta declaración “contradice” las realizadas por testigos que aparecen citadas en la Resolución de Rectorado que determinó la expulsión de Raya. Incluso, también denuncian las contradicciones con las “declaraciones que el propio Raya hiciera en aquellos años, en donde -como se puede leer en la Resolución- reconoció su participación en reuniones previas a la preparación de la agresión que culminó en el asesinato de Silvia Filler”.
La carta presentada al rector es contundente. Los firmantes le piden a Morea que “debería ratificar los términos de lo expresado en la RR 3239 del ´72, y en la OCS nº 24 del ´73 iniciando las acciones que garanticen la expulsión, en su más amplio concepto, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a quién nunca debería haber regresado a la misma. Les solicitamos formalmente que arbitre las medidas necesarias para enmendar esta lamentable situación”. -
FIRMANTES DE LA CARTA
Representantes de la Agremiación Docentes Universitarios Marplatense (ADUM).
Representantes de la Comisión Directiva y el Cuerpo de delegados de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU)
Centros de Estudiantes de la Facultades de Psicología (CEPS), Humanidades (CEH), Derecho (CED), Cs. Económicas y Sociales (CECEyS) e Ingeniería (CEI).
Decanos de las Facultades de Cs. Exactas y Naturales, Humanidades, Derecho y Arquitectura.
Familiares de Silvia Filler.
Representantes de las agrupaciones: Movimiento Universitario Sur, Confluencia, Avanzada, Meps, Unidad-Cepa, Causes y Franja Morada.
Organismos de Derechos Humanos: HIJOS Regional Mar del Plata, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CAMUS, Comisión por los Juicios, APDH, entre otros. -
La muerte de Silvia Filler, una herida presente
Silvia Ana Filler fue asesinada el lunes 6 de diciembre de 1971 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Un grupo vinculado con la extrema derecha peronista ingresó a golpes y tiros a una asamblea de estudiantes, la joven de 18 años recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida minutos después en una clínica del centro de la ciudad. Los autores materiales del crimen, dos miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) fueron condenados y liberados en 1973 con la amnistía a los presos políticos durante el gobierno de Héctor J. Cámpora.
El motivo de la asamblea del lunes 6 de diciembre, fue la expulsión de los alumnos de Arquitectura, Hugo Roberto Torrado y Rafael San Martín, que el viernes 3 habían arrojado una pastilla de gamaexane en la clase de un docente de la cátedra de Construcciones que profesaba las ideas del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Oscar Ivanisevic, hombre vinculado a la ultraderecha peronista. Los alumnos fueron denunciados por el Centro de Estudiantes de Arquitectura Unidos (CEAU), grupo al que pertenecía Horacio Luis Raya. Enterado de lo ocurrido, el rector de la Universidad Provincial de Mar del Plata, Carlos Pantín decidió expulsarlos.
El sábado 4, el Centro de Estudiantes de Arquitectura Marplatense (CEAM), integrado por agrupaciones de izquierda, llamó a una asamblea para el lunes 6 donde se exigiría la reincorporación de los alumnos y se tomarían medidas contra los estudiantes delatores.
En tanto, el domingo 5, en el departamento del CNU Héctor Corres, estudiantes de la CEAU programaron que la concentración de la patota que debía irrumpir en la asamblea sería en la casa de Fernando Federico Delgado, otro miembro de la CNU que en la actualidad se encuentra prófugo de la Justicia acusado del secuestro del periodista Amílcar González.
Ese lunes el aula magna de la Facultad de Arquitectura, ubicada el Diagonal Alberdi 2621 -donde actualmente funciona el Rectorado-, estaba repleta. Cerca de las 19 comenzó la asamblea liderada por el CEAM. Silvia estaba sentada en una de las gradas junto a su amiga Beatriz Hinojal.
Según consta en la investigación penal posterior, algunos de los estudiantes de CEAU, entre ellos Horacio Raya, Beatriz Arenasa, Oscar Silvestre Calabró, Carlos Cuadrado y Carlos Zapatero comenzaron a insultar a quienes realizaban la asamblea. Cuando el enfrentamiento se recrudeció Arenasa y otros estudiantes escaparon en busca del grupo que esperaba en la casa de Delgado armado con bombas de gas lacrimógeno, cachiporras, cadenas y armas de fuego. La resolución del Rectorado por la cual Horacio Raya fue expulsado de la Universidad de Mar del Plata resaltó que el alumno “juntamente con los demás integrantes de su grupo se ubicó en la puerta del aula magna y desde allí se dedicó a provocar un enfrentamiento que diera pretexto al ataque armado. Que no solo no advirtió a las autoridades universitarias, ni a sus compañeros de la conjura, sino que por el contrario siguió participando activamente en la misma, culminando con los graves hechos que provocaron la muerte de su compañera y heridas a otros dos más y graves daños al patrimonio moral y material de la Universidad Provincial de Mar del Plata”.
Al menos 16 personas ingresaron al aula magna. Entre ellos Raúl Viglizzo, Marcelo Arenaza, Carlos Eduardo Zapatero, Eduardo Salvador Ullua, Fernando Federico Delgado, Héctor Corres y Juan Carlos Gómez, estos dos últimos llevaban armas de fuego.
En medio de la pelea Corres y Gómez dispararon en varias oportunidades contra los 300 alumnos reunidos. Silvia no alcanzó a tirarse al piso y una bala le dio en la cabeza. En medio de los dispararon un grupo alcanzó a salir del edificio y pidió ayuda a dos patrullas estacionadas frente a la facultad. Los policías dijeron que no podían hacer nada.
Los estudiantes José Fiscaletti, Marcos Chueque, Oscar Alberto Ibarra y Nestor Adolfo Vila resultaron heridos, pero sus vidas no corrieron peligro. Silvia fue trasladada de urgencia a una clínica del centro de la ciudad, donde murió a los pocos minutos.
El martes 7, una multitud acompañó los restos de Filler. Un grupo de estudiantes se desprendió la marcha y atacó a pedradas las vidrieras de la empresa Piantoni Hnos. El abogado Ernesto Piantoni era el líder de la CNU. En el cementerio, el rector Pantín fue tomado literalmente de los pelos por algunas personas que lo sindicaban como responsable de haber permitido el ataque. Días después renunció a su cargo.
Beatriz Arenasa, los hermanos Horacio y Eduardo Raya, Raúl Viglizzo y Oscar Calabró fueron detenidos por el crimen y luego absueltos. Corres fue detenido a las pocas horas del crimen en su casa de la calle Santa Fe y Rivadavia. Juan Carlos Gómez permaneció prófugo durante un tiempo escondido en Capital Federal. Ambos miembros de la CNU fueron juzgados y condenados. La madrugada del 26 de mayo de 1973 recuperaron la libertad tras la amnistía a los presos político decretada por el presidente Cámpora.
Gómez murió en un enfrentamiento con la Policía Federal en medio de una investigación por narcotráfico. Por su parte Corres ejerció su profesión como abogado. En 1992, el menemismo quiso nombrarlo juez, pero organismos de derechos humanos lo evitaron. Actualmente vive en el sur.
El crimen de la estudiante Silvia Filler significó una bisagra para las organizaciones políticas de la ciudad. A partir de ese día violencia y política construyeron una amalgama indisoluble por muchos años.
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