DE JUECES, Y OTRAS YERBAS JUDICIALES
A veces la idea del hartazgo, pasa sobrevolando el cielo de la lucha. Pero es un solo instante. Nada puede ni podrá oscurecer esa lucha, si los peores momentos de la impunidad no pudieron. Por estos días las voces de los eternos “bajalíneas esclarecidos”, reiteran su viejo y falso discurso en el que se posicionan como “maestritos”, para decirnos a los demás como opinar o como vivir en democracia, mientras como siempre denotan su perfil lobista del golpe genocida mientras vomitan su veneno. La razón es la molestia que le produce a los poderosos palabras como las de nuestras Madres refiriéndose al Poder Judicial. Entonces sus lenguaraces, pagos o no, salen a cagar sentencia, como de costumbre maquillados de demócratas preocupados por la institucionalidad. Frente a esto, las palabras de nuestra Hebe de Bonafini y las Madres, nos permiten comprender mucho más la profundidad de su encendido discurso en la movilización por la Ley de Servicio de Medios Audiovisuales.
Personas dignas y comprometidas desde el Poder Judicial, han dejado en claro que son más los jueces y funcionarios de la justicia que trabajan por un mayor equilibrio y justicia para nuestro pueblo. Pero claro esos muchas veces no se ven como los que actúan en contra, sea como sea que se manifieste ese ir en contra de los intereses de la comunidad o de sus derechos. Compartimos conceptualmente esta visión y opinión. Sino fuera así no seguiríamos resistiendo también desde allí para hacer realidad definitivamente el Juicio y Castigo a los Culpables. Hemos reivindicado desde nuestro lugar, a figuras fundamentales como el ex juez Luis Alberto Cotter, el fallecido juez Ignacio Larraza, el ex fiscal Hugo Omar Cañon que declararon inconstitucionales la leyes de impunidad mientras desde el Poder Judicial se llamaban a silencio en un acto de complicidad brutal. Sumamos a ellos a la jueza Susana Calcinelli y al actual fiscal de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Abel Córdoba, entre otros, que son la confirmación de esa realidad. Pero en este caso, queremos hablar del ¿último? acto de gestión de la impunidad y privilegio para los genocidas que actuaron en el Quinto Cuerpo de Ejército y su CCD “La Escuelita”.
Como es de público conocimiento, la causa original por los crímenes de la dictadura cívico militar genocida en la Bahía del Silencio y la Impunidad, tuvo una tarea monumental de instituciones como la nuestra y de la APDH Neuquén, y una labor judicial que avanzó en forma incomparable de la mano de la Cámara Federal de Apelaciones, que en 1986 estaba avocada a la misma.
A partir del 2005, reiniciados los enjuiciamientos luego de la anulación de las leyes del gobierno radical de Punto Final y Obediencia Debida, como de los Indultos del gobierno justicialista neoliberal menemista, la misma pasó a manos del Juez Alcindo Alvarez Canale quien desconoció procedimientos que si hubieran sido reiniciados desde donde habían quedado al suspenderse los juicios, habrían permitido avanzar rápidamente de acuerdo a lo concretado por la Cámara. Sin embargo en una conducta que ha marcado su accionar, su intento permanente fue el de hacerse notar como pionero y protagonista en un tema que exige compromiso en el proceder judicial como mínimo, que el no tiene ni le importa. Sus procedimientos lograron como resultado más importante cinco años de atraso en llegar a un juicio oral. Libertades por falta de mérito fellinescas, como la del médico Humberto Luis Fortunato Adalberti denunciado por un colega de concurrir al CCD “La Escuelita”, prueba que consideró insuficiente. También entre los logros de este juez, está el atraso que permitió la muerte de imputados centrales sin ser juzgados, o la profugación de los mismo por no actuar con celeridad en detenerlos, tal como sucede con la fuga desde hace más de tres años del Jefe de Inteligencia del Quinto Cuerpo Aldo Mario Alvarez. El juez Alcindo Alvares Canale tiene una denuncia, elevada por nuestra institución y la APDH Neuquén ante el Consejo de la Magistratura, completada con todos los elementos de juicio en setiembre de 2009.
Se ha cumplido un año desde que el juez Alcindo Alvarez Canale se decidió, después del agobiante tramiaterío judicial y nuestras exigencias hechas públicas, a proceder a la primera elevación a juicio oral de 18 genocidas de las primeras líneas de la represión. Cinco años, 18 a juicio con alrededor de 80 imputados, suena hasta burlón. Además de las cinco solicitudes más de elevación a juicio por parte del Dr. Abel Córdoba, aún no resueltas por ese juzgado.
Con aproximadamente ochenta imputados, el 95% esta suelto merced al otorgamiento privilegiado de libertades domiciliarias o excarcelaciones por parte del Juez Alcindo Alvarez
Canale y la Cámara Federal de Apelaciones. A estas conductas descaradas y burlonas, después de 34 años de impunidad, muestra a quienes responden determinados jueces. El juez Velázquez, y la jueza jubilada Torterolo, integrantes del TOF que debe juzgar a los genocidas, votan en tándem en el mismo sentido y son responsables manifiestos de facilitar la nueva etapa de impunidad. Es decir la de los genocidas que usufructúan aspectos constitucionales y de ley, que estos jueces federales y otros provinciales no suelen aplicar en el delito común, donde en todo caso y criteriosamente también debería aplicarse. Pero además lo aplican con total descaro y con fundamentos que quiebran la mínima ética e incluso hasta se podría decir que la ley misma, al otorgar estos beneficios incluso a los que se han profugado y luego fueron habidos. ¿Esta es la justicia para los peores delitos de la historia argentina, después de 34 años del inicio oficial del genocidio?. ¿Cuál es el lugar de respeto, consideración y justicia para las víctimas del terrorismo de estado, sobrevivientes y familiares de los muertos y desaparecidos, que aplican estos jueces?. Podríamos agregar aquí una sumatoria de despropósitos proimpunidad, que victimizan aún más a los que padecieron el terror en forma directa, habilitado por estos jueces. Sin embargo solo vale agregar ¿el último?, que suma claramente en el abuso de poder.
Uno de los trámites finales, que debería habilitar a que se fije rápidamente la fecha del primer juicio oral ya elevado, es la presentación de pruebas. En cuanto a los plazos para esto, las partes han tenido tiempo más que suficiente al revisar la causa antes de la elevación, por lo que tuvieron entonces el mayor tiempo que reconoce la justicia en ese sentido, habiendo revisado el cuerpo completo de la misma minuciosamente. Sin embargo, la presentación de la prueba debe estar en el mismo nivel de otros tiempos usuales según la importancia del trámite, comparable a las apelaciones. El TOF acaba de sentar un precedente que aporta al privilegio y la impunidad. Por pedido de la defensa de los genocidas, el mismo les ha otorgado 30 días hábiles para concretar esa prueba y que se vence el 17 de noviembre del corriente año. Un acto de abuso judicial por el cual se impide la realización de ese juicio también para este año. Estos son los jueces que desprestigian aún más al Poder Judicial.
Nuestras Madres por la palabra de Hebe de Bonafini, han calificado, acusado y denunciado a los jueces que son parte de la impunidad de los poderosos. Sus palabras, que como hemos dicho acompañamos, no hacen más que mostrar la verdadera cara de jueces como estos que nos han tocado en desgracia en la Bahía del Silencio y la Impunidad, para retrasar o detener la Justicia que merecemos todas y todos, terminando definitivamente con la impunidad del genocidio cívico militar.
El hartazgo sobrevuela nuevamente el cielo de la lucha, pero no nos ha vencido ni nos vencerá, no se la vamos a dejar tan fácil y mucho menos silenciosa o anónima.
Eduardo A. Hidalgo – Secretario General – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca
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