¿HASTA CUANDO LA BAHIA DEL SILENCIO?

Desde hace varios días asistimos a operatorias que apuntan a la justicia.  Se ataca a personas que ejercen funciones en ese ámbito, porque ellas creen que la justicia es un derecho y no un privilegio o la impunidad como pretenden imponer los operadores. Esos funcionarios, con artilugios varios, son atropellados por ser de los que siempre aplican las leyes en el marco de nuevas concepciones para una nueva sociedad y siempre dentro del Estado de Derecho. Tal el caso del Juez José Luis Ares, al que se intenta llevar a un jury con patéticos argumentos que encubren maniobras políticas, además sometido a una operatoria mediática que lo señala sin elementos válidos. El mismo formato aunque sin jury, pero habiéndolo intentado, fue el que padeciera en su momento la Jueza de Garantías Susana Graciela Calcinelli.

También se ha señalado a priori la culpabilidad judicial de la Concejal Gabriela Bustos, representante de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, cuando aún está actuando la justicia y tratándola como una delincuente, en un flagrante prejuzgamiento que permitiría a cualquier ciudadano el inicio de una causa penal a los responsables de la operatoria por tal motivo.

No por casualidad, pues la casualidad no existe, la campaña ha llegado a su punto cúlmine al haberse apuntado claramente al corazón de los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad que se llevan adelante en la ciudad. Crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar genocida en Bahía Blanca, donde quienes reivindican el Terrorismo de Estado fueron pieza fundamental como lo declarara oportunamente en su indagatoria el genocida fallecido impune Adel Vilas explicando el rol de esa empresa gráfica, y como también lo dejara claro en uno de los juicios en La Plata el actual Canciller Hector Timerman al referirse a su propietarios. Por si no quedó claro hablamos de La Nueva Provincia. El ataque tiene como víctima propiciatoria, y no por primera vez aunque ahora con mayor virulencia, al Fiscal de la Unidad de Investigaciones para Crímenes de Lesa Humanidad, Dr. Abel Córdoba.

En todas estas operatorias aparecen los mismo impulsores mediáticos, incluso actuando a veces en tandem.

Por un lado La Brujula y sus cuatro integrantes. Solo basta ver sus publicaciones, donde sin haberse producido novedades judiciales adjudicaron un delito con que ya condenaron a priori, completando tanta falacia al introducir una relación privada entre la Concejal y el Fiscal, para señalar insensatamente al Dr. Córdoba como parte de ese supuesto delito con el que ya la condenaron a ella antes que la justicia. Si todo eso no es prejuzgamiento, operatoria, intencionalidad y amoralidad, ¿cómo se llama?.

Del otro lado por supuesto La Nueva Provincia, que como ha quedado evidenciado en varias oportunidades en editoriales o comentarios, su animosidad ideológica y una virulencia propia del pensamiento que expresa cotidianamente proviene del pedido de allanamiento que en su momento solicitara el Fiscal Córdoba al Juez Subrogante Tentoni en el marco de la Causa Armada, y que el Juez rechazó con la participación activa de la Cámara Federal de Apelaciones, sin haber tomado ninguna otra medida.

El editorial de este diario golpista del día de hoy, 16 de mayo de 2012, es de tal amoralidad que asquea. Dice el mismo en uno de sus párrafos: “En este caso el acusado, sin duda, debió haber recibido, en salvaguarda del debido proceso "objetivo" cuando menos el gesto del apartamiento de la instrucción en ese momento; es decir, antes del estallido del escándalo que compromete a la concejal.” La mención hacia el Dr. Córdoba como acusado (¿de que?), y la supuesta no salvaguarda del debido proceso cuando los imputados de los peores crímenes tuvieron, tienen y tendrán procesos judiciales que les otorgan TODAS las garantías que ellos no les otorgaron a los secuestrados, a los torturados, a los asesinados, a los desaparecidos, como a ninguno de los 500 bebés a los que en aquellos años además les robaron su identidad, demuestra claramente la intención.

Y dicen, además de otras tendenciosas menciones:”La carencia de compromisos morales en una relación humana, sea del tipo que sea, parece algo muy lejano al ideal de persona que debería integrar el Ministerio Público de la Nación.” ¿Desde que moral habla La Nueva Provincia viniendo de la historia que viene?, ¿De que ideales puede hablar La Nueva Provincia para definir a la persona que ocupe el Ministerio Público, de los de Massera al que reivindicó y mereció el repudio público?.

Todo esta tan claro como los embates que se han producido contra nuestro Gobierno Nacional desde sus páginas, pero eso sí sin renunciar a la pauta publicitaria como deberían hacerlo si fueran tan puros como pretenden. Allí nos les nace la iodeología perversa que ejercen hace años, luego que lamentablemente falleciera don Enrique Julio, uno de los radicales que ante el golpe a Hipólito Yrigoyen dijo que lo peor que le podía pasar al país era el militarismo.

La Brujula y La Nueva Provincia son ya evidentemente, y después de esto, actores de la misma y nefasta obra que somete a la ciudad a mantenerse inmersa en la Bahía del Silencio.

Es por estas razones y muchas más, es que repudiamos a La Brujula que hipócritamente “¿informa?” sobre los juicios a través de uno de sus integrantes, que ni siquiera concurre a las audiencias, recogiendo los datos que le proporcionan otros. Reiterando el mismo repudio de siempre hacia La Nueva Provincia, enemigo de las causas populares, y predicador idóneo del ideario golpista que ha padecido nuestra Patria.

Mientras la mayoría del pueblo argentino sigue buscando su destino, con mucho por hacer todavía, adhiriendo y apoyando a nuestro Gobierno Nacional y el Modelo en marcha. Recuperando derechos conculcados por el genocidio de la dictadura cívico militar y el neoliberalismo de los 90, queremos reiterar nuestro apoyo, acompañamiento y sustento para el Fiscal Dr. Abel Córdoba y su ardua tarea en el camino de la Memoria, encuentro con la Verdad y el logro de Justicia.

Eduardo A. Hidalgo

Secretario General

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca